Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y tierno corazón guerrero". Alejandra Pizarnik, argentina, poeta y escritora.

Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y tierno corazón guerrero". Alejandra Pizarnik, argentina, poeta y escritora.

Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y tierno corazón guerrero". Alejandra Pizarnik, argentina, poeta y escritora.

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Covid-19 y autoritarismos en Centroamérica

Las crisis tienen la particularidad de poner el dedo en la llaga y de sacar a flote los residuos que se intentan esconder en las alcantarillas estructurales del poder. En este sentido, la crisis producida por la Covid-19 se convirtió en la excusa perfecta de los gobiernos autoritarios para incrementar y justificar las opresiones, mediante estrategias para minimizar o contener la pandemia.

Como anillo al dedo

No es que todo comenzó en 2020. En 2020 se cayó el velo —en el caso de que aún existiera— y se agudizaron problemáticas que tienen años e incluso décadas de existir. Durante la pandemia se exacerbaron los crímenes de odio, los ataques cibernéticos e institucionales contra personas activistas que no estuvieran alineadas a las narrativas oficiales de los gobiernos autoritarios, se implementaron políticas públicas represivas y la militarización fue la respuesta para contener al vector de transmisión de la enfermedad, lo que dio como resultado la vulneración de derechos humanos de diversas personas y colectivos sociales, principalmente de mujeres, personas trans y no binarias.

Ante la pandemia, varios gobiernos centroamericanos adoptaron medidas de cuarentena o aislamiento de la población sin medidas de bienestar social que incluyeran y tomaran en cuenta las necesidades, particularidades y las realidades de los grupos más vulnerables, y tradicionalmente excluidos. Estas medidas les permitieron legitimar y expandir políticas coercitivas, donde el sexo y el género resultan una de las dimensiones claves para el control y son usados como criterios de “segregación de la población”.

La militarización fue la respuesta por excelencia ante el virus al ser tratado como un asunto de “seguridad nacional”, bajo el argumento de controlar a la población y cuidar el cumplimiento de los confinamientos.

En este escenario, y para complementar la narrativa de los gobiernos, los fundamentalismos religiosos desde una visión apocalíptica, sacaron provecho de la pandemia para reafirmar a nivel público su proyecto enfocado en la construcción de estados confesionales, como remedio del caos social desatado por la Covid-19. Esto promovió la apropiación y utilización de discursos con referencias religiosas por parte de funcionarios públicos, como, por ejemplo, la circulación aérea de santos católicos (Honduras), cantos de alabanzas evangélicos, la designación de un día nacional para la oración (El Salvador), entre otros. Dichas acciones son una clara evidencia de que el pensamiento fundamentalista religioso está incrustado y legitimado en el ámbito institucional público-político.

Los grupos fundamentalistas religiosos y políticos continuaron con las acciones que venían promoviendo e intensificaron su trabajo en redes sociales y, en ciertos contextos, desplegaron ataques particulares. Algunas medidas propuestas por agendas fundamentalistas religiosas empezaron a tener cierto despliegue mediático en la pandemia.

Los grupos religiosos conservadores impulsaron narrativas según las cuales el reconocimiento del derecho al aborto o los derechos de las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas eran, en parte, los responsables de la degradación social y la aparición del virus. Estos mensajes son como leña al fuego para incrementar y justificar las acciones de odio, represión y “castigo”, contra quienes osen nadar contra la corriente fundamentalista, y defiendan los derechos humanos.

Cuerpas, cuerpes y derechos violentados

En Centroamérica se profundizaron las violencias contra las mujeres y las personas de la diversidad sexo-genérica, especialmente contra las mujeres trans, por las medidas de restricción de la movilidad, la violencia policial recibida en el ejercicio del trabajo sexual y por la discriminación social que recae sobre ellas. Esta desigualdad persistente y los pocos avances en materia de redistribución de ingresos en la región se agravaron con la llegada de la pandemia. Compañeras trans de El Salvador y Guatemala, comparten algunas de estas situaciones:

«Muchas mujeres trans sobreviven del trabajo sexual y del trabajo informal, y el Estado no ha dado respuesta para brindarles seguridad alimentaria, ni acceso al derecho a la salud y otros derechos. Los clientes sólo ofrecen la mitad del valor del servicio, con el chantaje de buscar a otra trabajadora sexual si la compañera trans no acepta su exigencia. Sin embargo, muchas ceden porque no tienen alimentos, porque tienen grandes deudas y porque deben pagar el lugar que están rentando para vivir». Activista trans, El Salvador.

«Antes de que comenzara la pandemia se contaba con el básico de los tratamientos antirretrovirales para las personas con VIH. Cuando se expandió el COVID-19 el tratamiento se agotó y esto puso en mayor vulnerabilidad a las mujeres trans, porque no fueron atendidas en el sistema de salud, dado a que se estaban enfocando en cubrir los casos de COVID-19, que no eran menos importantes, pero que al dejar de lado el tema de los tratamientos, se expuso la vida de un ser humano, en este caso de las mujeres trans». Lideresa y activista trans, Guatemala.

Así mismo, los análisis sobre la situación del empleo mostraron que las mujeres, las personas jóvenes y las personas migrantes, han sido unas de las más afectadas, principalmente si forman parte del sector informal. Muchas de las trabajadoras domésticas remuneradas fueron despedidas y sus empleos precarizados. Esta situación revela el sexismo y el racismo que atraviesan la política, debido a que en Centroamérica una buena parte de las trabajadoras domésticas son afrodescendientes, indígenas o provenientes de contextos rurales y urbanos de alta precarización económica. 

“Desde que empezó el confinamiento no me dejaron salir sino hasta tres meses después. Me tocaba hacer todos los oficios, porque la compañera encardada de la limpieza se fue. Entraba a mi habitación a las 10:30pm, después de haberme levantado a las 5:00am para hacer el desayuno. Sólo en las noches podía llamar a mis amigas y mi familia. Me cansé. Estaba triste y muchas veces me desanimaba, era un estrés extra tener que atender todo el día a cuatro personas sin descasar”. Verónica (41), trabajadora doméstica, Guatemala.

Miles de mujeres han tenido que permanecer confinadas con sus agresores. Además, han enfrentado enormes barreras para el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, y para el acceso a la justicia, debido a las medidas de confinamiento y los imaginarios machistas y sexistas que persisten en nuestras sociedades.

Personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, sufrieron ataques, abusos, maltrato psicológico y violencia física durante el confinamiento. Muchas se vieron obligadas a irse de sus casas porque el encierro exacerbó los comportamientos homofóbicos y transfóbicos de las personas con quienes convivían. De hecho, para las y les activistas, resulta fundamental indagar si varios de los casos de suicidios presentados durante la pandemia, estuvieron asociados con la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Dos situaciones han exacerbado las violencias. Por un lado, el aumento y la no redistribución del trabajo doméstico debido al machismo y el sexismo. Por otro lado, las violencias en el ámbito del espacio público, sobre todo, en los países que tuvieron medidas de restricción de la movilidad a través de los llamados “pico y género”.

“En Panamá se tomó una cuarentena dividida por sexo y esto colocó a las personas trans en una posición de vulnerabilidad. La cuarentena se dividió en tres días para que las mujeres y tres días para que los hombres salieran a la calle, ambos, de acuerdo al sexo en su cédula y al último número en su cédula. Al salir teníamos sólo dos horas para movilizarnos y luego regresar a nuestras casas. Esto evidenció la necesidad de reconocer que la población trans, es una población violentada y vulnerada, y que está en un absoluto limbo legal con el tema de la cédula y su identidad de género, respetada desde los derechos». Activista de la diversidad sexual, Panamá.

Para activistas en Centroamérica, donde se aplicaron medidas de “movilidad binaria”, fue notable el aumento de las violencias de género exaltadas por la falta de medidas socioeconómicas que atenuaran la situación precaria de la población.

Las y les activistas evidenciaron el aumento de denuncias de violencias de género en los organismos públicos y el desborde de sus propias organizaciones para intentar acompañar los innumerables casos de violencias hacia las mujeres y personas LGBTIQ+, desde redes comunitarias y feministas.