El Salvador: Criminalización e intento de endurecer penas por aborto

El pasado 11 de julio, el diputado Ricardo Velásquez Parker del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), presentó ante la Asamblea Legislativa un comunicado donde solicitó el incremento de las penas carcelarias por aborto: de 30 a 50 años de prisión, en vez de 2 a 8 años, a como está actualmente.

El representante del partido de oposición expuso que esta propuesta busca homologar el Código Penal con el primer artículo de la Constitución de la República en el que se reconoce como persona humana a “todo ser humano desde el instante de la concepción”.

De igual forma solicitó que en la reforma se incluyan penas por hasta dos años de cárcel para quien realice lesiones culposas al neonato, inhabilitar a médicos que causen daños al feto y sentenciar hasta con tres años de cárcel a quienes vendan productos abortivos.

El aborto era permitido en El Salvador en casos de violación, o si la salud del feto o de la mujer estaban en riesgo, sin embargo, una ley promulgada bajo un gobierno conservador en 1998 prohibió el aborto por completo.

Organizaciones internacionales como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se pronunciaron y mostraron preocupación ante la propuesta de ARENA. La organización señaló que es evidente que actualmente el Estado salvadoreño lejos de promover un debate fundamentado en los derechos humanos y en las obligaciones que han adquirido en diferentes acuerdos internacionales, promueve un clima de represión innecesario.

“Vemos con especial preocupación la onda expansiva que tienen estas intenciones, que dan cuenta de que El Salvador es un Estado donde la discusión no se enfoca en la protección de los derechos de las mujeres. Aún más, las intenciones son de radicalizar las medidas por las que éste ha sido señalado en distintas ocasiones”, cita CEJIL en su pronunciamiento.

FCAM conversó con Joshi Leban, integrante de la Asociación de Mujeres Jóvenes Feministas Ameyalli (Coparte del Fondo) sobre la situación en El Salvador luego de la propuesta de ARENA.

“Hay ciertos temas que a nivel político mueven mucho, por ejemplo la agenda LGBTI y el tema del aborto. A partir de la propuesta del diputado se ha levantado una campaña fuerte por las organizaciones anti–derechos, quienes además forman parte de las familias más ricas del país. Son familias con mucho poder e influencia, que creen que pueden decidir sobre nuestros cuerpos”, señaló Leban, integrante de Ameyalli.

Para Joshi la propuesta ha despertado al movimiento feminista y las organizaciones a favor del aborto. “Estamos en la etapa de repensarnos. Tenemos que sentarnos a planificar a quiénes les queremos hablar, cómo les queremos llegar y reinventarnos para lograr la plenitud de nuestros derechos”, dijo Leban.

En El Salvador un reciente estudio del UNFPA, elaborado con datos del Ministerio de Salud (MINAL), Ministerio de Educación (MINED), el Instituto de Medicina Legal (IML) y la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) indican que en 2015 hubo 83,468 mujeres embarazadas; del total, 25,132 eran adolescentes de entre 10 y 19 años.

“El embarazo adolescente nos da una pauta de cómo esta la situación en el país. Cada hora, 7 adolescentes menores de 18 años dan a luz. Consideramos que si la pena aumenta, el escenario sería peor”, agregó Joshi.

La integrante de Ameyalli considera que aumentar la pena no será nunca la solución para evitar que las mujeres se realicen abortos clandestinos. El estudio “Del Hospital a la Cárcel”, presentado en 2013, constató que las mujeres que sufren la criminalización del aborto tienen las características de ser menores de 25 años, viven en zonas rurales en condición de pobreza, no tienen ingresos económicos fijos y tienen bajo nivel educativo.

“Aumentar o que ya se reconozca que se va a legislar sobre los cuerpos de las mujeres no es la solución. Siempre son las mujeres empobrecidas las que sufren, las ricas se pueden ir a realizar abortos a otros países. Las pobres no pueden decidir, las ricas si. Si sufrís un parto prematuro o una mujer ha sido violada o tiene cáncer no puede decidir sobre su propia vida. Una mujer con dinero puede irse a los Estados Unidos u otro país”, afirma Leban.

El Salvador tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas a nivel mundial. Actualmente hay al menos 19 mujeres encarceladas en el contexto de la penalización total del aborto, declaradas culpables de delitos graves, como el homicidio, y condenadas a largas penas de prisión sobre la base de pruebas débiles o no concluyentes

Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, 129 mujeres fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado cuando el producto del embarazo dejó de existir en los últimos meses de gestación entre el año 2000 y 2011.

“Con el aumento de la pena confirmarían que pueden decidir sobre nuestro cuerpo. Vivimos en un país conservador, donde hay mucha influencia de las organizaciones anti–derechos y de la iglesia, sostuvo Joshi.

Conoce más sobre nuestra organización coparte Asociación de Mujeres Jóvenes Feministas Ameyalli: http://bit.ly/2cH044J


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